En casos de ocupación, la responsabilidad entonces empezará a ser de los padres de los alumnos.
El gobierno porteño podrá implementar el protocolo contra las tomas de colegios gracias al aval de la Justicia. Tras ser bloqueado en abril por la jueza Elena Liberatori, la Sala 2 de la Cámara dio lugar al recurso de amparo de la Ciudad.
El protocolo transfiere la responsabilidad de las tomas a las familias de los alumnos. En caso de que se ocupe una escuela, los directores deben citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. Si la familia está de acuerdo con la medida, deberá hacerse cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.
Hasta el momento, la responsabilidad en cada toma era de los rectores cuyas únicas herramientas eran llamar al Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes, dar intervención al SAME e informar a las autoridades ministeriales.
El fallo además aparta a Liberatori de poder interferir nuevamente en la aplicación del instructivo.
Cuando se lanzó el protocolo a principio de año, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, había dicho: «Para nosotros no puede quedar en la nada y naturalizado que cuando los chicos no están de acuerdo con una política puedan tomar una escuela. Lo que está atrás de la resolución es que las acciones tengan consecuencias y no se vulnere el derecho a la educación de los otros».
